El año 2025 quedará inscrito en nuestra historia constitucional como el momento en que el Poder Judicial de la Federación inició su reconstrucción a partir del mandato popular hasta alcanzar la edificación de un aparato de justicia que busca ser, por fin, legitimado por la ciudadanía y cercano a la gente. Sin embargo, la magnitud de esta transformación nos exige una pausa para reflexionar y valorar la consolidación de este proceso.
Como Ministra de la Suprema Corte, considero que nuestra responsabilidad histórica es asegurar que el camino hacia la transformación se cumpla y que el proceso electoral judicial venidero transite con la mayor solvencia técnica y certeza jurídica posible.
Una reforma cimentada en la Constitución es, en todos los casos, perfectible. Con ese espíritu propositivo, he reflexionado en una serie de cambios para fortalecer nuestro sistema y garantizar que la excelencia técnica camine siempre de la mano con la legitimidad democrática.
La confianza ciudadana descansa en la aptitud de sus juzgadores. Para ello, es imperativo establecer un Examen Nacional de Aptitud Jurisdiccional que sea un filtro técnico obligatorio previo a cualquier postulación.
Esta medida, sumada a una reducción estratégica en el número de candidaturas, permitirá que las boletas electorales presenten perfiles de la más alta preparación académica y ética, facilitando, además, la emisión del voto ciudadano.
Asimismo, debemos transitar hacia la unificación de criterios en los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión. Si bien el origen de cada comité imprime pluralidad a la conformación de los órganos jurisdicciones, las reglas deben ser las mismas.
Para la mejor impartición de justicia es fundamental definir previamente las especialidades de los cargos a elegir y determinar el género por adscripción. Esto último no solo facilitará la planeación de las candidaturas, sino que garantiza el cumplimiento irrestricto del principio de paridad en toda la judicatura.
Por otro lado, debemos promover la mayor participación de la ciudadanía en el proceso electoral judicial, por lo que sería ideal la autonomía de la jornada electoral, disociando la elección de cargos jurisdiccionales de los comicios federales y locales de 2027. Esta medida permitirá que la ciudadanía enfoque su atención exclusivamente en la relevancia de la judicatura, evitando la dispersión en medio de las contiendas partidistas.
Para proteger la continuidad de la impartición de la justicia, es importante pensar en la sustitución paulatina y escalonada de las personas juzgadoras. Un modelo de transición gradual permite la convivencia armónica entre la experiencia institucional y el espíritu del mandato democrático, asegurando la eficiencia y prontitud de las funciones.
También es vital flexibilizar la comunicación electoral y ampliar los periodos de campaña; el INE debe evolucionar hacia reglas más dinámicas que permitan foros de debate y una difusión masiva, garantizando que hasta el último rincón del país conozca la trascendencia de su decisión.
Finalmente, debemos optimizar el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, propongo el restablecimiento del trabajo en Salas. La resolución simultánea de asuntos permitiría duplicar nuestra capacidad de respuesta frente al rezago judicial, reservando el Pleno para los asuntos de mayor trascendencia constitucional. La celeridad es una demanda social que no puede esperar.
Estas acciones no pretenden alterar la naturaleza de la transformación que hemos abrazado; por el contrario, busca dotarla de la solidez que solo la práctica jurisdiccional puede dictar. Sin la humildad para evaluar nuestras estructuras, no puede darse la justicia que demanda el pueblo. Nuestro compromiso es inquebrantable: consolidar una justicia donde la voz del pueblo y la excelencia técnica construyan, por fin, una justicia para todas y todos.
PUBLICADO EN: Rumbo al 2027 (eluniversal.com.mx)
