En próximos días se espera que la Cámara de Diputados discuta y apruebe la reforma constitucional con la que se pretende fortalecer al Poder Judicial de la Federación (PJF), en una de las mayores y más profundas transformaciones de los últimos tiempos. Se trata de una reforma amplia y ambiciosa, cuyo dictamen aprobó previamente el Senado de la República, que sin tocar su estructura y organización, comprende aspectos fundamentales para su funcionamiento, orientados hacia una mejor impartición de justicia.
Entre otros, sienta las bases para la consolidación de la carrera judicial, como el cimiento para lograr un aparato de justicia sólido , al precisar que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hará el nombramiento y adscripción de las y los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezcan las disposiciones aplicables, a las que también se sujetará su ingreso, formación y permanencia, como la de todos los servidores públicos de carrera judicial.
Para ello, el dictamen a revisión de la Cámara de Diputados prevé que el CJF cuente con una Escuela Federal de Formación Judicial , que, además de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del PJF, llevará a cabo los concursos de oposición para acceder a las distintas categorías de la carrera judicial, en términos de las disposiciones aplicables.
Recordemos que esta reforma constitucional habrá de instrumentarse a través de diversas leyes, cuya iniciativa formó parte del proyecto de reformas al PJF, entre otras, la Ley de Carrera Judicial, para lo cual en los Artículos Transitorios se dispone que el Congreso de la Unión deberá aprobar la legislación secundaria correspondiente.
Resalto también que reconociendo que el principio de igualdad y no discriminación es una exigencia constitucional y de orden convencional, el dictamen que aprobó el Senado, como hecho histórico, contempla adicionar a los principios que rigen la carrera judicial, el de paridad de género.
Todo esto tiene como objetivos fundamentales que para acceso a la carrera judicial, sean condiciones, el mérito y la igualdad de oportunidades, así como la paridad de género.
Por otro lado, la reforma eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, que será proporcionado a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, proponiéndose reformas a la ley de la materia. La relevancia de este servicio, radica en la necesidad de brindar el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la población, que careciendo de recursos económicos, requieren de una asistencia gratuita y de calidad que garantice la defensa de sus derechos.
Un aspecto de singular trascendencia de este dictamen, son las modificaciones que se plantean para consolidar el papel de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, garante de la supremacía constitucional y de la vigencia real de los derechos humanos.
En este sentido cabe apuntar, entre otras, las modificaciones que se incorporan para depurar los asuntos de que conoce la Corte, a fin de que atienda sólo de aquellos que tengan un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos; al tiempo que se avanza en un sistema de precedentes, en el que las razones que sustenten las sentencias del Pleno y las Salas, en una votación calificada, sean obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales del país, sin requerir de la reiteración de criterios.
Esta reforma constitucional, la más trascendente en 26 años, tras la publicada en diciembre de 1994, está llamada a sentar las bases para la consolidación del PJF, cuya función es esencial para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y de los derechos humanos.
