En memoria del juez Uriel Villegas Ortiz
Hoy se cumplen 10 días de que el Tribunal Pleno vio abruptamente interrumpida su sesión, con la amarga noticia del homicidio del Juez de Distrito Uriel Villegas Ortiz y su señora esposa. Un hecho que hiere a quienes integramos el Poder Judicial de la Federación; que lastima a una de las instituciones fundamentales del Estado y, por sobre todo, que agravia a la sociedad entera.
Un crimen que indigna por su brutalidad y porque lastima al tejido social. Atentar contra la vida de un juzgador federal con motivo de su función, indistintamente de su ámbito de competencia, constituye una afrenta no sólo a las instituciones de justicia, por ser un intento funesto de doblegarlas mediante la violencia, sino al Estado Mexicano en su conjunto, por la intención de someternos a intereses perniciosos.
El Juez Villegas contaba con una carrera prominente en el Poder Judicial Federal, caracterizada por el esfuerzo que impone ascender cada peldaño a través de rigurosos exámenes de oposición, que sólo son superados con dedicación, estudio y una marcada vocación. Este esfuerzo le permitió obtener la titularidad de diversos Juzgados de Distrito, el último en el Centro de Justicia Penal Federal en Colima, cargos todos en los que conocía de delitos graves del orden federal.
La certeza del ejercicio honesto y responsable de su función; la convicción de resolver cada caso con estricto apego a derecho, sin duda le brindaban la tranquilidad para dejar transcurrir su vida en la discreta serenidad de su hogar, hasta donde llegaron sus victimarios, que no conformes con cegar su vida, tomaron la de su esposa, en presencia de sus pequeñas hijas. Hecho atroz que debe ser investigado y sancionado, tanto para salvaguardar a quienes dedicamos nuestra vida a la impartición de justicia, como para refrendar el compromiso de seguridad que las instituciones públicas tenemos con la población en general.
Este terrible hecho, suma una víctima más a la creciente estadística de violencia provocada por el crimen y sus funestas prácticas, e indigna a la sociedad que exige seguridad y una justicia firme e implacable, que sólo es posible a través del sistema de impartición de justicia, que se forja desde lo más profundo de nuestro Pacto Fundamental.
La labor de jueces, magistrados y ministros, a diferencia de los poderes electos por el voto popular, se materializa y legitima con sus resoluciones, que brindan cimientos sólidos al sistema jurídico mexicano y que, por su obligatoriedad, coadyuvan en la gobernanza y fortalecimiento de los lazos sociales.
Por ello, esta investidura nos impone el deber de desempeñar nuestra función, basada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, éste último que cobra especial relevancia, pues implica la ausencia de cualquier tipo de injerencia en cada caso que resolvemos.
Karl Lowenstein precisa que “la independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le hayan sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de poder, constituye la piedra final en el edificio de Estado democrático constitucional de derecho”, ya que implica el derecho de los ciudadanos a la justicia y la garantía del correcto funcionamiento del Estado Derecho.
En esta lógica, el homicidio del Juez Villegas —o de cualquier juzgador con motivo de su función— es un atentado flagrante contra la democracia y el Estado de Derecho, que suponen la existencia de un Poder Judicial independiente como requisito esencial, que se encarna en cada uno de las y los jueces que lo conforman, pues a través de la amenaza y la violencia pretenden socavarlos e incidir en la justicia que estamos obligados a impartir, en pos de una sociedad más equitativa.
La impunidad no debe ser corolario para este crimen. Las instituciones no pueden quedar a merced de nada ni de nadie. Se requiere la intervención firme y enérgica de las autoridades.
La ciudadanía reclama buenos jueces. Hoy, hemos perdido a uno, de los tantos hombres y mujeres que como él, con auténtica vocación, honran la protesta que rindieron para cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Ministra de la SCJN