Violencia vs la mujer - Yasmín Esquivel Mossa

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: UN CÁNCER QUE CRECE

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 03 Feb 2023 16:00:20 +0000

En días pasados el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) dio a conocer el informe sobre incidencia delictiva contra las mujeres, con corte al 31 de diciembre de 2022, en el que se advierte que la violencia contra la mujer persiste con la misma tendencia que en los últimos años, como lo reveló en agosto pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al dar a conocer la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), en la que muestra un incremento de 4 puntos porcentuales en el índice de violencia total contra las mujeres a lo largo de sus vida, con respecto a 2016.

Según el informe del SESNSP el delito de feminicidio sufre un descenso marginal de apenas un 3.3% en relación con el total reportado en 2021. En cambio, el homicidio doloso de mujeres incrementa en un porcentaje del 2.10% durante el período de enero-diciembre de 2022, con un máximo histórico en junio de 279 casos, lo que al final, implica que continúan contabilizándose 10 muertes violentas de mujeres cada día en nuestro país; todo ello sin considerar que, además, detrás de estas víctimas, están aquellas otras, las denominadas indirectas, las hijas e hijos de esas mujeres que habrán de enfrentar la vida en las difíciles condiciones de orfandad.

Por cuanto al delito de lesiones dolosas, el incremento en el periodo señalado en relación con el año de 2021 es del 7.9%, con un promedio diario de 184 casos, que se reflejan en mujeres golpeadas, muchas de ellas, de forma recurrente y reiterada por el sólo hecho de serlo.

En el mismo lapso, el delito de violencia familiar aumenta en un 6.6%, con un máximo histórico en el mes de mayo de 27,104 casos, mostrando una vez más que el hogar está lejos de ser un sitio seguro para las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

Los casos de trata de mujeres presentan en 2022 un aumento más que considerable del 24% en relación con 2021, mujeres que ven perder su libertad y anular su dignidad.

El mismo fenómeno se presenta en el delito de violación que crece en 2022 con relación al año anterior en un 9%, 63 lamentables casos diarios en promedio, con un máximo histórico de 2,314 en el mes de mayo. En esa misma tendencia los delitos de abuso sexual y de acoso u hostigamiento sexual, con un porcentaje en este mismo período de 13% y 19%, respectivamente.

Además, es importante resaltar que estas cifras no contemplan aquellos casos no denunciados a la autoridad, la llamada cifra negra. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en 2021 tan sólo se denunciaron el 10.1% de los delitos, quedando el resto en la obscuridad.

Por otro lado, la ENDIREH 2021 también revela datos alarmantes. Por ejemplo, la encuesta precisa que las mujeres de entre 25 y 34 años son las que más sufren violencia de pareja (24.9%), seguido del grupo de mujeres entre 15 y 24 años (27.7%). Así también que, a mayor nivel de educación, mayor es la prevalencia de la violencia.

Esto nos lleva a preguntar no sólo sobre las razones por las que la violencia contra las mujeres sigue creciendo, también qué pasa con nuestras jóvenes y adolescentes que viven elevados niveles de violencia por parte de sus parejas, incluso en aquellas con mayor educación.

Como lo he manifestado en otras ocasiones –insisto– se impone una reflexión seria, profunda, tanto por parte de las autoridades involucradas en la procuración e impartición de justicia, como de la sociedad entera, para asumir una decisión frontal que combata la violencia contra la mujer desde sus raíces, que rompa el círculo en el que se encuentran inmersas muchas de ellas y abata la impunidad que tanto nos duele.

No permitamos que el cáncer de la violencia contra la mujer continúe extendiéndose. No lamentemos más mujeres víctimas, no lamentemos la muerte de más mujeres.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

PUBLICADO EN: Violencia contra las mujeres: un cáncer que crece (eluniversal.com.mx)

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EL SÍNDROME DE ADAPTACIÓN PARADÓJICA Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 09 Dec 2022 16:00:20 +0000

Cada día nos sorprende con la nota de una niña o una mujer muerta o desaparecida. Para muestra los lamentables hechos que solo el fin de semana anterior ocuparon los principales encabezados e inundaron las redes sociales: una mujer embarazada que fue privada de la vida presuntamente para robarle a su bebé en gestación; una mujer asesinada, aparentemente por su pareja, al obtener la custodia legal de sus hijas, y el caso de Claudia Torres Méndez, encontrada muerta en un lote baldío, un día después de haber desaparecido. La incidencia de la violencia contra la mujer nos obliga a buscar nuevas rutas para combatirla de manera eficaz.

Así es, las cifras de estos deleznables hechos crecen y es cada vez más cruenta la forma en que se agrede a mujeres, niñas y adolescentes, víctimas de múltiples violencias en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Es necesario abatir la impunidad que prevalece, pero también profundizar en las causas de la violencia contra la mujer, entender sus orígenes y enfocar mayores esfuerzos hacia la prevención.

La violencia contra la mujer –se ha dicho y en ello concordamos– tiene su origen en las normas y valores que se asumen en una sociedad, que sustentan la preminencia masculina y asignan a hombres y mujeres roles socialmente diferenciados, esto es, la desigualdad de género está en la raíz del problema. Sin embargo, no todos los hombres son agresores, ni todas las mujeres víctimas, lo que nos lleva a considerar que estamos frente a un fenómeno complejo, que obedece a múltiples factores, en el que hay que considerar tanto las circunstancias de la víctima como las propias del agresor.

Existen diversos modelos que tratan de explicar la violencia en contra de las mujeres. Uno que me parece de interés es el denominado Síndrome de adaptación paradójica a la violencia doméstica sobre el que aborda un artículo publicado en el número 3 de la Revista Mujeres en la Justicia, que recientemente presentamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según se explica, la exposición constante de la mujer a la violencia la lleva a justificar, tolerar y adaptarse a la violencia que sufre por parte de su pareja, en un ciclo caracterizado por episodios cada vez más violentos, esto es, un mecanismo de adaptación a la situación que se vive, el que se desarrolla en distintas fases hasta llegar al sometimiento y adaptación de la víctima a las nuevas condiciones que enfrenta, se resigna al contexto hostil y desiste en modificarlo.

Comprender este proceso de adaptación a la violencia, de las conductas asociadas a este síndrome, que se presentan por la realidad distorsionada que tienen las mujeres que han sufrido una violencia continua y en la que desarrollan vínculos paradójicos con el agresor en el ámbito familiar, resulta de la mayor importancia.

Por una parte, nos aporta elementos para entender la permanencia de la mujer en estos contextos de violencia en el ámbito doméstico, que la pueden llevar hasta la muerte. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué una mujer soporta la violencia que ejerce sobre ella su pareja? Aquí una posible explicación, que permitirá emprender acciones que le ayuden a romper con el contexto de violencia y, por otro lado, de igual relevancia, incidir de manera eficaz en la prevención.

Solo si entendemos el problema, este complejo proceso por el que transita la víctima, podremos abordarlo de manera integral, orientar distintas acciones para romper con el contexto de violencia que se vive y evitar, incluso, que la mujer llegue a ser víctima de un feminicidio.

Doctora Yasmín Esquivel Mossa

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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UN LLAMADO A LA ACCIÓN

YASMÍN ESQUIVEL — Thu, 01 Sep 2022 16:00:20 +0000

El martes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, que ofrece información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más, de manera detallada por tipo de violencia (física, sexual, psicológica, económica y patrimonial), en los distintos ámbitos de su vida (de pareja, familiar, escolar, laboral, comunitario y digital), que además recopila información sobre las personas agresoras y los lugares donde ocurrieron las situaciones de violencia, así como otra valiosa información que la convierte en el principal referente sobre esta situación que viven las mujeres en nuestro país.

Esta Encuesta, en su quinta edición, tiene como finalidad disponer de información que permita estimar los principales indicadores sobre la prevalencia y gravedad de la violencia, que sean comparables con los estimados en las ediciones anteriores y de esta manera contribuir al conocimiento del problema, al desarrollo de investigaciones y al diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.

Como se aprecia, es una valiosa herramienta que en efecto recoge las experiencias de las violencias que enfrentan las mujeres, en este caso, de una muestra representativa de mujeres residentes en 140 mil 784 viviendas, lo que nos brinda una fuente de información y de conocimiento muy vasta sobre este lacerante fenómeno, considerada, además, información de interés nacional.

Entre los resultados a destacar, la Endireh 2021 estima que de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1% ha experimentado, al menos una situación de violencia a lo largo de la vida (51% violencia psicológica, 49.7% violencia sexual, 34.7% violencia física y 27.4% violencia económica, patrimonial y/o discriminación). Además, en comparación con los resultados de la ENDIREH 2016, apunta que se muestra un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres, a lo largo de la vida en los últimos 5 años, registrando el mayor aumento la violencia sexual, con 8.4 puntos porcentuales.

Ahora, por lo que hace a la violencia contra mujeres, considerando los distintos ámbitos, la Endireh 2021 analiza los ámbitos: escolar, laboral, comunitario, familiar y en la relación de pareja, registrando que las mujeres experimentan a lo largo de la vida más violencia en el ámbito comunitario (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9%), luego en el ámbito escolar (32.3%) y, finalmente, en el laboral (27.9%). Sin duda, un dato que llama la atención es el crecimiento de la violencia en el ámbito comunitario, que en 2016 registraba un 38.7%, mientras que en la relación de pareja registraba un 43.9%, cambios que se califican por el Inegi como significativos.

Otro dato relevante refiere a un 78.3% de mujeres, de 15 años y más, que experimentaron violencia física y/o sexual por parte de su pareja actual o última, que no solicitaron apoyo y tampoco presentaron una queja o denuncia, bien sea por miedo a las consecuencias, por vergüenza, o porque no sabía dónde y cómo denunciar.

Estos, entre otros datos en extremo relevantes que contiene la Encuesta; una herramienta que merece una lectura y análisis detallados, no solo por quienes asumen una responsabilidad directa en la prevención, atención, sanción y erradicación la violencia contra las mujeres, un fenómeno que crece y se extiende, sino por la sociedad en general, que también juega un importante papel si aspiramos a una sociedad en la que se destierre violencia y discriminación. Es esta información un llamado a la acción.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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PUBLICADO EN: Un llamado a la acción (eluniversal.com.mx)

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LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: UNA DESGARRADORA REALIDAD

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 04 Feb 2022 16:00:20 +0000

Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres y, sobre todo, a vivir una vida libre de violencia y discriminación, es todavía una meta lejana. Para miles de mujeres y niñas en nuestro país, la violencia –lamentablemente– es una realidad cotidiana. Uno de los primeros esfuerzos para responder a este grave problema fue la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el primero de febrero de 2007, primer cuerpo normativo que garantiza y reconoce como derecho humano de las mujeres el de una vida libre de violencia.

Si bien ninguna ley cambia por sí sola la realidad, su entrada en vigor marcó un punto de inflexión en la implementación de las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de la acción coordinada de los tres niveles de gobierno que, junto con otras instancias, integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La LGAMVLV deja atrás la concepción que solo reconocía a la violencia física y sexual que se daba en el ámbito privado, y que ignoraba las situaciones de violencia que viven diariamente mujeres y niñas en espacios educativos, centros de trabajo, o simplemente en la calle, proponiendo –como se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que le dio origen– una normativa integral que contemple todos los tipos y situaciones de violencia donde las mujeres y las niñas son víctimas.

En este sentido, reconoce como tipos de violencia contra la mujer: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, así como cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Así también, las modalidades de la violencia o ámbitos en los que ocurre, identificando: la violencia familiar, laboral y docente (incluyendo el hostigamiento y el acoso sexuales); la violencia en la comunidad, institucional, feminicida y, recientemente, la violencia política, digital y mediática.

Otras figuras clave que regula y que en su momento se consideraron innovadoras son: las Órdenes de protección, como mecanismo de prevención que facilita un marco de protección inmediato ante hechos que pongan en riesgo la integridad, libertad o la vida de mujeres y niñas, que —desafortunadamente— no todas las entidades federativas han implementado, y la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, contando hasta ahora con 25 alertas declaradas, de las 36 solicitadas.

A 15 años de su promulgación, la realidad que padecen mujeres y niñas sigue siendo desgarradora. Las cifras que día con día vemos crecer impunemente dan cuenta de esta lastimosa situación. Baste señalar las 3,712 muertes violentas de mujeres, o las más de 2 mil llamadas de emergencia al 911 que cada 24 horas se registran por violencia contra la mujer y familiar, que en el transcurso de 2021 reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Una realidad que nos impone una seria reflexión que nos conduzca a identificar los obstáculos que impiden la plena aplicación de la Ley, que alimentan la impunidad y, por fin, hacer realidad el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia.

Mi reconocimiento al legado de la embajadora emérita Aida González Martínez, fallecida el lunes pasado. Entre sus aportaciones en favor de los derechos de las mujeres, destaca su participación en la redacción de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). Descanse en paz.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 26 Nov 2021 16:00:20 +0000

El día de ayer se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que da paso también a los 16 días de activismo contra este lacerante fenómeno que sigue afectando a mujeres y niñas, y que culminan el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir del año 2000, con el fin de sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer, motivada, entre otras consideraciones: “Alarmada por el hecho de que las mujeres no disfrutan de todos sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, y preocupada por la persistente incapacidad para promover y proteger estos derechos y libertades frente a la violencia contra la mujer”.

A dos décadas de distancia, hemos de reconocer que la alarma subsiste y que la preocupación se acrecienta, ante la dimensión que hoy cobra la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país y en el mundo, exacerbada todavía más por la pandemia de la COVID-19.

Con motivo precisamente de esta conmemoración, el Inegi publica cifras reveladoras. Entre otros datos, precisa que de acuerdo con la Envipe 2021, 10.8% del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo sexual, mientras que en el caso de los hombres estos delitos representan 0.8%. Para las mujeres, los delitos sexuales ocupan el cuarto lugar mientras que para los hombres se ubican en la novena posición. Destaca también que, en 2021, 22.8% de las mujeres declararon haber enfrentado intimidación sexual, en comparación con 5.8% en los hombres; en tanto que, en cuanto a abuso sexual, el caso de las mujeres (7.3%) es poco más de cinco puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo periodo.

De acuerdo con datos que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, con corte al 30 de septiembre de 2021, a nivel nacional, se reporta un total de 736 delitos de feminicidio (con un promedio diario de 2.69), así como 2 mil 104 delitos de homicidio doloso de mujeres (promedio diario de 7.70). Esto nos arroja un promedio total de 10 mujeres cuya vida es segada cada día, por el solo hecho de ser mujeres.

Esta última cifra basta para movernos a la reflexión y más que ello, a la acción.

Alimentada por factores sociales y culturales, la violencia de género se alza como un obstáculo para construir una sociedad igualitaria e incluyente. Ello nos impone impulsar un cambio social y cultural, para que la sociedad deje de tolerar esta violencia, de minimizarla y de normalizarla. Esta violencia, que se oiga fuerte y claro: No es tolerable, atenta contra la dignidad de las mujeres y niñas; nos afecta e involucra a todas y todos, por sus múltiples consecuencias, y menos debe ser normalizada.

Es necesaria la visibilización y sensibilización sobre la dimensión del fenómeno; la acción conjunta y coordinada de los tres Poderes del Estado, a nivel federal y local, así como de la sociedad toda. No podemos hablar de que vivimos en una democracia, mientras seamos una sociedad fragmentada por la desigualdad, la discriminación y la violencia.

Una sola mujer, una sola niña, a quien se priva de la vida o se agreda, por el solo hecho de ser mujer, es y será siempre demasiado.

La igualdad de la mujer no debe seguir siendo más una promesa incumplida, ha de ser una realidad.

Ministra de la SCJN.

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POR VIOLENCIA POLÍTICA, EL TEPJF ANULA UNA ELECCIÓN

NOTAS RELAVANTES — Fri, 01 Oct 2021 16:00:20 +0000

En una resolución que cabe calificar de histórica, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó confirmar la nulidad de la elección de Ayuntamiento en el municipio de Iliatenco, Guerrero, al tener por acreditada la violencia política de género contra una de las candidatas contendientes a presidenta municipal, en el proceso electoral de este año.

La violencia contra la mujer en nuestro país, expresada en distintas modalidades y en prácticamente todos los ámbitos en que se desenvuelve, ha alcanzado niveles alarmantes, extendiéndose inclusive al ámbito político.

Un claro ejemplo lo advertimos en este caso que, presentado bajo la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, nos revela la magnitud de ciertos hechos que hoy, reconocida la violencia política por razón de género contra la mujer, alcanzan una entidad tal que llevaron a la nulidad de la elección de Ayuntamiento en el municipio aludido.

En la resolución —avalando el criterio sostenido por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF— se tuvo por acreditada la existencia de pintas con mensajes con connotaciones peyorativas, tales como: “Fuera … (nombre de la candidata)”, “Es tiempo de hombres”, “Ninguna vieja más en el poder”, “Las mujeres no saben gobernar” y “Las viejas no cirben (sic)”, en los que se tuvo la intención de disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver como que por su condición de mujer era incapaz de gobernar, una afectación directa a ella y en general, a todas las mujeres candidatas, al generar la idea de que no deben gobernar.

Tales mensajes —se reitera en el fallo— tuvieron un impacto diferenciado en la opinión del electorado de manera determinante, lo que impidió el ejercicio de sus derechos político-electorales en su vertiente de acceso al cargo, toda vez que generaron un contexto de desventaja en la contienda frente a las candidaturas ocupadas por hombres.

La incidencia de tales hechos también quedó acreditada, pues como se expone en la resolución, la población del municipio estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección —incluso en el de veda electoral— al ubicarse en lugares estratégicos que necesariamente debían ser transitados por los votantes en su traslado de ciertas comunidades a las casillas.

Un análisis desde la perspectiva de género e interseccional llevó a la Sala a concluir que tales irregularidades fueron determinantes para el resultado de la elección, provocando su nulidad.

Un fallo —sin duda— trascendente, a través del cual se pone coto a la violencia política contra las mujeres, al imponer, frente a tales actos que empañan las contiendas electorales, la sanción más grave: la nulidad de una elección.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Un claro ejemplo lo advertimos en este caso que, presentado bajo la ponencia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, nos revela la magnitud de ciertos hechos que hoy, reconocida la violencia política por razón de género contra la mujer, alcanzan una entidad tal que llevaron a la nulidad de la elección de Ayuntamiento en el municipio aludido.

En la resolución avalando el criterio sostenido por la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF se tuvo por acreditada la existencia de pintas con mensajes con connotaciones peyorativas, tales como: Fuera (nombre de la candidata), Es tiempo de hombres, Ninguna vieja más en el poder, Las mujeres no saben gobernar y Las viejas no cirben (sic), en los que se tuvo la intención de disminuir y afectar los derechos de una candidata a la presidencia municipal, cuyo contenido afectó la imagen pública de la víctima, haciéndola ver como que por su condición de mujer era incapaz de gobernar, una afectación directa a ella y en general, a todas las mujeres candidatas, al generar la idea de que no deben gobernar.

Tales mensajes se reitera en el fallo tuvieron un impacto diferenciado en la opinión del electorado de manera determinante, lo que impidió el ejercicio de sus derechos político-electorales en su vertiente de acceso al cargo, toda vez que generaron un contexto de desventaja en la contienda frente a las candidaturas ocupadas por hombres.

La incidencia de tales hechos también quedó acreditada, pues como se expone en la resolución, la población del municipio estuvo expuesta a dichos mensajes en un periodo muy cercano a la elección incluso en el de veda electoral al ubicarse en lugares estratégicos que necesariamente debían ser transitados por los votantes en su traslado de ciertas comunidades a las casillas.

Un análisis desde la perspectiva de género e interseccional llevó a la Sala a concluir que tales irregularidades fueron determinantes para el resultado de la elección, provocando su nulidad.

Un fallo sin duda trascendente, a través del cual se pone coto a la violencia política contra las mujeres, al imponer, frente a tales actos que empañan las contiendas electorales, la sanción más grave: la nulidad de una elección.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nació

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MUJERES SILENCIADAS

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 20 Aug 2021 16:00:20 +0000

En los últimos días, la situación que se vive en Afganistán por el retorno al poder de los talibanes ocupa la atención de los medios de comunicación. Son muchas las voces en la esfera internacional que alertan sobre una inminente crisis humanitaria, la violación reiterada de derechos humanos de la población civil y el temor fundado de que las mujeres y las niñas afganas retornen al yugo de la aplicación estricta de la Ley Sharia y pierdan los derechos que habían logrado les fueran reconocidos en los últimos 20 años.

Entre 1996 y 2001, cuando prevaleció el régimen talibán, se caracterizó por violaciones sistemáticas contra mujeres y niñas; castigos corporales crueles, incluidas ejecuciones; supresión extrema de la libertad de religión, expresión y educación, y prohibición del empleo de mujeres fuera del hogar, del que debían salir completamente cubiertas con un “burka” o “niqab” y acompañadas de un “mahram”, un miembro masculino de su familia.

A partir de 2001, en que fue derrocado ese régimen, en Afganistán millones de niñas han ido a la escuela y las mujeres han participado en la vida pública, incluso ocupando cargos políticos, en mayor número que nunca en la historia de esa nación. Un avance que hoy se encuentra en inminente riesgo.

En medio del conflicto político-humanitario, los combates constantes y el desplazamiento de miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares suman a la vulnerabilidad de mujeres y niñas, inmersas en una dinámica cultural, de tradición milenaria, en la que no tienen voz y se les condena a vivir confinadas en el reducido espacio que les ordenan las normas islámicas.

Esa circunstancia de riesgo se advierte aún más delicada para aquellas mujeres que se sobrepusieron al modelo cultural, que estudiaron, se prepararon no sólo para ellas y sus familias, sino para servir a una sociedad desde una de las posiciones más honrosas para una jurista —la judicatura—.

El pasado 17 de enero, una noticia que dio la vuelta al mundo nos conmocionó, se trataba del asesinato de 2 mujeres juezas de la Corte Suprema de Justicia en Kabul. Aunque no se precisaron las causas de tan lamentable hecho, no podemos desestimar la doble condición de vulnerabilidad en la que se encontraban al ser mujeres y tener una función relevante en el sistema jurisdiccional de su país.

En contextos tan exacerbados, un análisis obligado es la suma de los componentes de la vulnerabilidad en la que se encuentran las juezas afganas que, como lo expresa la jueza Tayeba Parsa, se saben un blanco natural, principalmente por el ejercicio de sus responsabilidades en judicatura, en la que en ocasiones ha tenido que condenar a personas que hoy pueden tener poder.

A través de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés), la jueza Tayeba Parsa confía en el eco de sus más de 6,500 colegas de las magistraturas, en más de 100 países que conformamos la asociación, para pedir que, como parte que las negociaciones de paz, se preserven los derechos de las mujeres y las niñas, así como los de las 250 juezas que hay en Afganistán y que representan el 11% de la judicatura de ese país.

La situación que impera en Afganistán, los hechos atroces que presenciamos en los medios de comunicación y redes sociales, en clara violación de derechos humanos, nos traslada a una realidad impensable en este siglo, que nos impone alzar nuestra voz y sumarnos a los múltiples pronunciamientos de toda la comunidad internacional por la vida y la libertad del pueblo afgano, por la protección de los derechos de niñas y niños, y de las tantas mujeres afganas que hoy están siendo silenciadas.

Ministra de la SCJN

PUBLICADO EN: Mujeres silenciadas (eluniversal.com.mx)

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¿CUÁNTAS MARIANAS MÁS?

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 05 Feb 2021 16:00:20 +0000

En junio de 2010, Mariana Lima murió, aparentemente se había suicidado. Las circunstancias irregulares en que se llevó a cabo la investigación, en la que —indebidamente— participó su esposo en su carácter de policía ministerial; sobre todo considerando los antecedentes de la violencia que él ejercía en su contra, despertó dudas en la familia sobre el rumbo que seguía. Después de un largo recorrido, el asunto llegó al conocimiento de la Corte, que ordenó reponer todas las diligencias necesarias para investigar su muerte, privilegiando la perspectiva de género y atendiendo —en todo momento— los lineamientos que dictó.

Hoy, lamentablemente, la sociedad se estremece con la muerte de Mariana Sánchez Dávalos, una joven de 24 años, prometedora estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, que realizaba su residencia en un centro de salud de una comunidad de Ocosingo, al que fue asignada en agosto pasado.

Luego de la necropsia, el informe del forense determinó que la causa de su muerte fue por ahorcamiento, sin huellas de violencia o agresión sexual; en pocas palabras: suicidio. Se informó y se procedió a la cremación del cuerpo, sin la debida autorización de sus familiares.

Su muerte, sin embargo, estuvo precedida por la circunstancia de que Mariana, meses atrás, según testimonio de familiares y amigos, había sido víctima de acoso y de abuso sexual por parte de uno de sus compañeros, lo que denunció ante la Fiscalía General del Estado y ante las autoridades universitarias y de salud, solicitando su transferencia. La respuesta fue el cambio de turno del presunto agresor y ella recibió un ofrecimiento de días de vacaciones “para que se recuperara”.

Las circunstancias en que se da la muerte de Mariana indignaron a la comunidad estudiantil de la Universidad y a la sociedad entera, mismas que llamaron a la movilización social. Instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, condenaron el hecho, exigiendo su esclarecimiento.

La presión social dio pie a que las autoridades competentes en el Estado, aún y cuando informan que no se ha localizado denuncia alguna que Mariana haya presentado ante la posible existencia de un delito sexual, determinaron iniciar una investigación oficiosa, así como también la investigación por el delito de feminicidio.

¿Acaso las autoridades y las instituciones públicas requerimos de la movilización o presión sociales para que se investiguen cada una de las 10 muertes violentas de mujeres que se registran cada día en nuestro país? Yo estoy convencida que no. La solución al problema no es la presión derivada del encono social, eso es sólo una penosa consecuencia de un problema institucional profundo y de graves consecuencias.

La inacción y la indiferencia de las autoridades ante las denuncias de violencia de género, se traducen en impunidad y reproducen la violencia que se pretende atacar.

Casos como el de Mariana Sánchez, se pueden prevenir si las autoridades que conocieron de los hechos que denunció, hubieran adoptado, de manera inmediata, las medidas apropiadas para garantizar su integridad física, para lo que bastaba sólo el indicio de que pudiera estar siendo víctima de acoso o cualquier forma de violencia.

El fallo de Mariana Lima es emblemático porque propició que la Corte emitiera directrices específicas para la investigación de muertes violentas de mujeres y, en general, de los delitos en su contra, así como impuso deberes a las autoridades investigadoras, que deben cumplirse.

Con impotencia, hoy vemos cegar la vida de otra mujer, una joven que en su vocación de servir a la comunidad, anhelaba ser médica. Sueños y anhelos rotos, su madre devastada por la pérdida de la que fuera única hija, así como su abuelita; una sociedad herida en sus entrañas, que exige de sus autoridades la investigación de los hechos con perspectiva de género y apegada a derecho. Una sociedad que, una vez más, clama justicia.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

PUBLICADO EN: ¿Cuántas Marianas más? (eluniversal.com.mx)

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DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 13 Nov 2020 16:00:20 +0000

El próximo 25 de noviembre, en medio de la compleja atención de la pandemia declarada por el Covid-19, habremos de conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres; precisamente en uno de los años en los que se ha recrudecido esta terrible realidad que, lejos de erradicarse, persiste y crece en magnitud, en número de víctimas y —lamentablemente— en impunidad, lo que estridentemente nos cimbra e indigna como sociedad.

La elección de esta fecha nos evoca uno de los hechos de violencia contra las mujeres más penosos de la historia reciente: la emboscada y brutal asesinato de las hermanas y activistas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Miraval “Las Mariposas”, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1960.

Con este motivo, en el marco del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981, surge la propuesta de realizar en este día una jornada contra la violencia hacia las mujeres y, en el año 2000, la Asamblea General de la ONU determinó conmemorar en esta fecha el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y a organizaciones no gubernamentales, a coordinar actividades que elevaran la conciencia pública sobre este terrible mal que aqueja a todas las sociedades del orbe.

A esta jornada se suma la campaña internacional de “Los 16 Días de activismo contra la violencia de género” que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Son ya 41 años desde que se aprobó la Convención la sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 25 de que se adoptó la Plataforma de Acción de Beijing, que definía estrategias clave para poner fin a la violencia contra las mujeres, lograr su empoderamiento, y alcanzar la igualdad de género; 20 desde que se conmemora esta fecha como Día Internacional de la Lucha contra la violencia hacia las mujeres; y 16 de que se adoptó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”, éstos, entre otras declaraciones e instrumentos internacionales.

En 2007 se publicó en México la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que recientemente adicionó el Senado para reconocer nuevas modalidades: la violencia digital y la violencia mediática, y el Código Penal Federal tipifica los delitos de feminicidio, violación, abuso sexual, violencia familiar y otros.

Sin embargo, y pese a todos estos esfuerzos normativos y acciones implementadas, las cifras de la violencia en contra de las mujeres crecen de manera desmesurada: entre enero y septiembre de este año 704 feminicidios; 2150 mujeres víctimas de homicidio doloso; 43,108 de lesiones dolosas; 163,868 presuntos delitos de violencia familiar (Información del Secretariado Ejecutivo del SNSP). A escala mundial –afirma la ONU– una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida.

Llevamos tiempo repitiéndonos que “falta camino por recorrer”, a lo que ahora suma la muy inquietante preocupación de ONU-Mujeres “que, si no se adoptan medidas pronto, los avances logrados en el terreno de la igualdad de género en los últimos 25 años se perderán”.

La conmemoración de este año, en que a las víctimas del Covid-19 se suman las mujeres víctimas de violencia, debe ser un punto de inflexión para colocar como tema prioritario en la agenda de todas las autoridades e instituciones involucradas, en los tres niveles de gobierno, el eficaz combate a este flagelo y poner fin a la impunidad que lo alimenta.

Unámonos como sociedad, para que a ni una mariposa más le corten las alas.

Ministra de la SCJN

PUBLICADO EN: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (eluniversal.com.mx)

El cargo DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES apareció primero en Yasmín Esquivel Mossa.

ES TIEMPO DE JUSTICIA

YASMÍN ESQUIVEL — Fri, 16 Oct 2020 16:00:20 +0000

A inicios de este año, la ONU anunciaba que el 2020 sería la oportunidad excepcional para lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Lejos de ello, en estos meses de pandemia, hemos visto que las condiciones de discriminación y violencia recrudecen de manera alarmante. Basta un vistazo a los periódicos para encontrar la denuncia de las condiciones de desigualdad que padecen por las cargas de una doble jornada laboral, los riesgos del teletrabajo y la creciente violencia en su contra, que crece de forma exponencial.

Como cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer el Informe sobre violencia contra las mujeres, con corte al 31 de agosto último, en el que se aprecia —nuevamente— un repunte en el número de presuntos feminicidios, para acumular un total de 626 en lo que va del año, en una tendencia que rebasa las cifras reportadas en el año anterior.

A ello, se suman los casos de homicidio doloso cuyas víctimas fueron mujeres, que acumulan la preocupante cifra de 1,906, entre enero y agosto de este año.

En el mismo período, resaltan las 37,988 denuncias de mujeres presuntas víctimas del delito de lesiones dolosas; las 143,784 de violencia familiar, con un máximo histórico de 20,504 en marzo. El informe también destaca la denuncia de 2,541 presuntos actos delictivos de violencia de género, en todas sus modalidades, mostrando en julio la cifra histórica de 371, y una tendencia ascendente desde 2015. Si bien estos dos últimos datos no se desagregan sólo para mujeres, la desigualdad y violencia estructural predominante, permite presumir que son el mayor número de víctimas.

Estas últimas cifras —además de estridentes y preocupantes— evidencian el incremento de una de las violencias más indignantes y arraigadas que se ejerce en contra de la mitad de la humanidad: las mujeres, y pueden ser la antesala de un feminicidio. Por ello las acciones preventivas y, sobre todo, la concientización por una efectiva igualdad de género, se vuelven prioritarias.

Es tiempo de actuar y dejar esa actitud indolente y complaciente que tolera y nos habitúa a la violencia contra las mujeres, y asumir una reacción solidaria que la condene y pugne por un entorno que elimine las condiciones de discriminación que la exacerban.

Es tiempo de poner fin a la impunidad; de exigir acciones contundentes. Es necesaria una instancia nacional que coordine y dirija las políticas y acciones de las autoridades que, en los tres órdenes de gobierno, son responsables de la investigación, persecución y sanción de estos delitos, en especial, del de feminicidio. Acoger las mejores prácticas; la especialización de todas las autoridades que intervienen en esas funciones; actualizar los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género y enfoque interseccional, al tiempo que se adopte un modelo único que les dé unidad y continuidad.

Es urgente disponer de información desagregada, producto de inteligencia focalizada, que atienda a las características de la víctima y del agresor, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para el análisis y abordaje de las posibles causas, junto con estrategias de prevención y políticas públicas para el cuidado de las víctimas directas e indirectas, en especial de los menores, a quienes pocas veces se atienden de forma particular, con consecuencias funestas para su desarrollo.

Estas cifras deben sacudir nuestra conciencia y movernos a la acción. La dignidad y derechos de las mujeres deben pasar del papel a la realidad. Hoy contamos con poco más de una decena de leyes que los tutelan y pretenden salvaguardar, es tiempo de hacerlos efectivos; es tiempo de justicia para las mujeres.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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