CDMX, 17 DE JUNIO DE 2025. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en la que se analizaron múltiples disposiciones de la Ley de Justicia Cívica local.
En la discusión sobre dicha normativa, particularmente en el apartado referente a la violación a la intimidad y vida privada de las personas detenidas o sujetas al actuar de los juzgados cívicos por aplicar evaluaciones de tamizaje, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de su invalidez.
Esto es, Esquivel se pronunció a favor de realizar evaluaciones psicosociales previstas en la ley, siempre que se realicen con el consentimiento informado para canalizarlas, en su caso, a programas de apoyo, terapias o medidas para el mejoramiento de la convivencia cotidiana.
En opinión de la Ministra, las disposiciones no establecen que tales pruebas deban realizarse en forma obligatoria o sin el consentimiento de las personas, por lo que consideró que tales normas admiten una interpretación en el sentido de que la sujeción a los exámenes del comportamiento exige recabar la aceptación previa y por escrito de las personas que deseen ser evaluadas.