El pasado 12 de julio se llevó a cabo en la Cámara de Diputados la presentación de las conclusiones de los Conversatorios sobre la Transformación del Poder Judicial, un ejercicio deliberativo en los que se contó con una amplia y plural participación de académicos, especialistas y miembros del propio Poder Judicial de la Federación, así como ministras y ministros en retiro de nuestro Máximo Tribunal, al que tuve el honor de asistir en compañía de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y el ministro Javier Laynez Potisek.
Un encuentro de la mayor relevancia para nuestro país, convencida como lo estoy de que el diálogo entre los Poderes de la Unión es fundamental para el desarrollo equilibrado de las atribuciones que nos competen y para el ejercicio armónico del poder público.
De igual relevancia las conclusiones que se presentaron, pues como me he pronunciado en otras ocasiones, es urgente y pertinente reflexionar en torno a una reforma estructural en los poderes judiciales, tanto federal como locales. La sociedad, a través de voces expertas, nos lo ha manifestado y nos ha dado a conocer importantes puntos de vista sobre la necesaria renovación de las pautas para el ejercicio de la función judicial.
Las autoridades, todas, tenemos el deber de escuchar los distintos puntos de vista sobre el desempeño de nuestra actividad y los tribunales en particular no debemos ser ajenos a la crítica ni menos desconocer que hoy prevalece en la sociedad un sentimiento de desconfianza en la impartición de justicia.
De ahí mi convicción por evaluarnos con la suficiente apertura, para reconocer tanto aquellos aciertos y mejoras que se han dado a la largo de los años, como también la necesidad de cambios estructurales que se requieren para dar mejor respuesta a las exigencias que nos mandata el artículo 17 de nuestra Constitución, una impartición de justicia independiente, completa, imparcial y gratuita, libre de todo formalismo.
Los poderes judiciales nos debemos a la sociedad, cuyo fin es el de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares; promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución.
Con respeto a la labor legislativa e independientemente de las actividades que cada grupo parlamentario asuma respecto de este ejercicio, lo importante —a mi consideración—, es recoger la expresión de quienes acudieron al llamado y formularon sus apreciaciones sobre el funcionamiento del Poder Judicial Federal enriqueciendo el quehacer parlamentario y, con base en ello, alcanzar la reforma que México necesita y, sobre todo, que geste un sistema de impartición de justicia eficaz y accesible para la gente. Es una obligación de Estado.
Es importante destacar que cualquier modificación a la estructura y procedimientos del Poder Judicial de la Federación, corresponde exclusivamente a la función legislativa que durante los conversatorios abrió sus puertas a la participación social, en un diálogo constructivo, lo que evidencia una convicción democrática con una manifiesta apertura e interés para legislar en beneficio de nuestro país.
Reconozco el acierto del legislativo de mantener la comunicación entre quienes tenemos la responsabilidad de aplicar la ley a los casos concretos, y quienes determinan el contenido de las normas, particularmente la apertura para compartir las conclusiones con miembros del Máximo Tribunal del país.
La división de poderes no significa enfrentamiento, sino colaboración para el logro del objetivo común, que es la preservación armoniosa de la vida colectiva y el respeto a los derechos humanos de los gobernados.