En su visita al Estado de Sinaloa, la candidata compartió algunas ideas en torno a la justicia en nuestro país y el objetivo de recuperar la confianza del pueblo de México. Aseguró que el Poder Judicial de la Federación (PJF) no estuvo a la altura de su tiempo ni tuvo el acierto de sumarse e implementar los cambios que requería, quedando rezagado y con lastres como la opacidad, el nepotismo o la protección de intereses de grupos minoritarios.

De ahí que la reforma al PJF tuviese como objetivos: democratizar al Poder Judicial, que sea un Poder austero y ponga límites a los excesos salariales; que su actuar sea transparente y rinda cuentas a la sociedad; que dé cumplimiento a los plazos legales para la resolución de asuntos; y que alcance la paridad de género.

La elección judicial del próximo domingo 1 de junio, por primera vez en la historia de México permitirá que sea el pueblo quien elija a las personas juzgadoras; y en el Estado de Sinaloa se elegirán 44 cargos para jueces, magistrados y ministros, a los que aspiran 198 candidatos.

El cargo SIN JUSTICIA NO HAY PAZ ASEGURA YASMÍN ESQUIVEL apareció primero en Yasmín Esquivel Mossa.

La iniciativa –como sabemos– propone una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la elección popular de las y los ministros, magistrados y jueces que conforman el Poder Judicial de la Federación.

Así también, plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina.

Se trata de una reforma profunda que da respuesta al mandato ciudadano, pero que –sin duda– nos brinda la oportunidad de evaluar la pertinencia de otras posibles modificaciones que, además de establecer la elección popular como método de selección de las personas juzgadoras y su implementación progresiva, asegurando la excelencia y legitimidad social de los jueces, contribuya a garantizar el acceso efectivo a la justicia.

Otro aspecto fundamental es el acercar la justicia a las personas, ahí donde radican y se generan los conflictos que ameritan la intervención judicial, estableciendo una justicia itinerante.

Existen amplios sectores de la población en áreas geográficas apartadas, personas que viven en zonas marginadas, que carecen de los medios económicos para trasladarse a los lugares sede de los órganos jurisdiccionales; a ellas debe acercarse la justicia.; ahí, en el sitio en el que se encuentran.

Se trata no tan solo de una buena práctica, sino el medio para atender el problema de la falta de acceso a la justicia, brindando un servicio articulado por todas las instituciones involucradas, con el auxilio de defensores públicos y asesores gratuitos, que se trasladan durante jornadas de trabajo hasta aquellos lugares donde, por las condiciones de la población resulta desafiante el acceso a la a impartición de justicia, para dar curso a los trámites y procesos judiciales que demanden.

La justicia itinerante permite romper las barreras geográficas, económicas y culturales para garantizar el acceso a la justicia a personas de los sectores más vulnerables de nuestro país.

A esta fecha contamos con experiencias exitosas como lo ha sido en la materia agraria. Los Tribunales Agrarios son los primeros órganos jurisdiccionales en nuestro país que desarrollan Programas de Administración de Justicia Itinerante dentro de sus jurisdicciones territoriales.

En la propuesta que me permití presentar ante la Cámara de Diputados, en el marco de los “Diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial”, planteo que el Instituto Federal de Defensoría Pública desarrolle un sistema de funciones itinerantes, enfocado en realizar visitas a las comunidades y municipios del país para proporcionar asesoría legal, defensa gratuita y medios alternativos de solución de controversias que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y de esta forma lograr una auténtica justicia social.

Hoy, la ciudadanía demanda juezas y jueces cercanos a la gente, en contacto con la realidad que rodea a los justiciables; demanda tribunales de puertas abiertas. La justicia no debe estar encerrada en cuatro paredes, ni el juez ha de dictar sus sentencias como en antaño, en la soledad de su despacho, con la sola escucha de su conciencia para aplicar la ley a la letra.

La justicia no debe ser más el privilegio de unos cuantos que la pueden pagar, ha de estar al alcance de todas las personas, principalmente en los sectores más vulnerables, para poder ser llamada justicia.

¡Para que la justicia llegue a todas las personas!

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

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El principal resultado de la conferencia fue la Declaración y Programa de Acción de Viena, un documento que proporcionó un marco para reforzar la protección de los derechos humanos a nivel global. Uno de sus logros más destacados fue el énfasis en la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

Antes de Viena, los derechos humanos de las mujeres eran frecuentemente relegados al ámbito privado y, por ende, excluidos de la agenda pública y de derechos humanos. Esta separación entre la esfera pública y privada traía consigo que muchas formas de violencia y discriminación contra las mujeres, como la violencia doméstica, no eran consideradas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, la conferencia fue un punto de inflexión; por primera vez, al reconocer que los derechos de las mujeres son derechos humanos, rompe con la idea de que las violaciones de estos derechos podían ser justificadas por costumbres o tradiciones culturales.

La Declaración y Programa de Acción de Viena expresa su profunda preocupación por las diversas formas de violencia y discriminación a las que las mujeres continúan enfrentándose en todo el mundo y la importancia de la labor destinada a eliminarla en la vida pública y privada, así como todas las formas de acoso sexual, explotación y trata de mujeres, discriminación y violencia que tienen su fuente en prácticas tradicionales o costumbres y prejuicios culturales.

Uno de los hitos específicos de la conferencia fue el respaldo a la creación de la figura de Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, que se estableció al siguiente año. Este mecanismo ha sido crucial para visibilizar y combatir la violencia de género a nivel mundial. Asimismo, la conferencia instó a los Estados a ratificar la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y a adoptar medidas para integrar la perspectiva de género en todas las actividades del sistema de las Naciones Unidas.

La conferencia también destacó la importancia de la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, civil, económica, social y cultural. Subrayó que el desarrollo sostenible y equitativo solo puede lograrse con la integración activa de las mujeres como agentes y beneficiarias.

A 31 años de Viena, es crucial reconocer los avances logrados y los desafíos persistentes. Aunque se han implementado muchas de las recomendaciones de la conferencia, la violencia y la discriminación contra las mujeres siguen siendo problemas endémicos en muchas partes del mundo y —en especial— en nuestro México. A tres décadas de la radiografía que Viena nos presenta sobre la condición de la mujer, podemos afirmar que es una imagen actual, por tanto, es nuestro deber continuar combatiendo la desigualdad, raíz de la violencia y discriminación que continúa lacerando a mujeres y niñas.

El legado de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 es un recordatorio poderoso que la lucha por los derechos humanos es continua y que la igualdad de género es fundamental para lograr la justicia y el progreso de nuestra Nación.

El cargo La reforma al Poder Judicial apareció primero en Yasmín Esquivel Mossa.