El Poder Judicial es uno de los pilares en que se sustenta el Estado de derecho. Más allá de prestar un servicio esencial para la sociedad, cumple una función primordial del Estado: impartir justicia. Una función que no puede suspenderse de forma absoluta, aún durante la emergencia sanitaria, pues a través de ella se hace efectivo el derecho de acceso a la justicia, garantía para la eficaz tutela de los derechos humanos de las personas.

Con esa convicción, la SCJ asumió el reto de dar continuidad a sus actividades jurisdiccionales en la mayor medida posible, y salvaguardando el derecho a la salud, a partir del 20 de abril pasado, el Pleno y las Salas reanudaron sus sesiones públicas de resolución, ahora vía remota.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también diseñó un nuevo esquema de operación, que al tiempo de preservar la salud e integridad física de justiciables y personal de los órganos jurisdiccionales, inició una primera etapa de restablecimiento de la actividad jurisdiccional a una mayor escala, que tiene como ejes rectores la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC’S), el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas.

Esto ha sido posible gracias a los avances tecnológicos con los que hoy contamos y que nos abren la puerta hacia una nueva realidad: la justicia digital.

Las medidas para evitar la propagación del Covid-19, nos impuso el desafío de hacer frente a la urgente necesidad de preservar el Estado de derecho, de garantizar el acceso a la justicia y la tutela de los derechos humanos, así como de acelerar un cambio que se venía gestando de tiempo atrás para la modernización del sistema de justicia en nuestro país.

Quizá para muchos sea un hecho desconocido que la Ley de Amparo, emanada de la reforma constitucional de junio de 2011, previó la posibilidad de tramitar el juicio de amparo en línea, en la Corte, los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito.

Hoy día es factible promover una demanda de amparo, interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones digitales, todo ello en línea, con absoluta certeza y preservando la seguridad jurídica, mediante la implementación de la firma electrónica y el expediente electrónico.

Incluso, bajo el esquema antes referido, el CJF ordenó reanudar el trámite y resolución de asuntos tramitados en línea, y autorizó en ciertos casos la celebración de audiencias mediante videoconferencias en tiempo real y de sesiones por esta misma vía en los Tribunales Colegiados de Circuito.

Tribunales federales y locales se perfilan hacia la digitalización. Desde 2011, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con el juicio en línea; a partir de 2012 también el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX digitaliza los expediente en su totalidad y a la fecha instrumenta la notificación electrónica; y son varios los tribunales locales que han adoptado en esta etapa medidas similares a las aprobadas por el CJF.

La utilización de las TIC’s y el trabajo a distancia, no ha sido una tarea sencilla, ha implicado un gran esfuerzo y un cambio radical, del expediente en papel al manejo de expedientes digitalizados; de sesiones presenciales a virtuales.

Sus ventajas son muchas y redundarán en la modernización del sistema de justicia en nuestro país, permitirán el mayor acceso a una justicia pronta, accesible, transparente, ágil y eficiente, en beneficio de los justiciables. Coadyuvarán además a evitar el rezago de expedientes, reducir los costos de los procesos judiciales, evitar la concentración innecesaria de personas en los órganos jurisdiccionales, incluso, el uso de papel, en beneficio del medio ambiente.

Vivimos un proceso de cambio que requiere de capacidad de innovación para el bien de la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar los esquemas instrumentados para dar continuidad a la actividad jurisdiccional, en respuesta a la emergencia sanitaria, no sólo para afrontar de manera más eficaz alguna otra eventualidad de esta magnitud, sino para consolidar el tránsito a una nueva era, la de la justicia digital.

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación