ACAPULCO, GUERRERO, MÉXICO, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025. En la nueva visión de la Corte no hay cabida para los privilegios de antaño, para las consideraciones de presiones políticas, las influencias de grupos de poder o la discrecionalidad en las resoluciones, afirmó la Ministra de la Suprema Corte de Justica de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa.
Al asistir a la conmemoración del 38º aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Guerrero, la Ministra recordó que la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) tiene el elevado propósito de construir un nuevo modelo de impartición de justicia, un nuevo perfil de las personas juzgadoras, y eso “nos compromete a todos, en cualquier tribunal en el que ejerzamos la función jurisdiccional”.
Esquivel Mossa puntualizó que, si bien la reforma no incide sobre los tribunales de justicia administrativa, sí tiene un impacto en ellos, por lo que invitó a las y los juzgadores a tener clara la misión y retos para hacer una realidad tangible la nueva concepción de la función de impartir justicia.
En presencia de Anacleta López Vega, encargada del despacho de la Secretaría General de Gobierno -y representante en este acto de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda-, Esquivel Mossa precisó que los retos que ahora enfrentan los juzgadores responden a una deuda histórica con el pueblo de México, a fin de garantizar el acceso a la justicia como un derecho y no como privilegio de unos cuantos.
Otros de los retos, mencionó, son: fortalecer los medios alternativos de solución de controversias, promover la justicia itinerante y lograr una justicia que rompa con la corrupción y a impunidad.
Finalmente, Yasmín Esquivel reiteró que la justicia no puede seguir siendo un espacio de tecnicismos incomprensibles ni de distancias simbólicas; debe convertirse en un proceso vivo y confiable para todas y todos. Este evento contó con la presencia del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Luis Camacho Mancilla; magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia administrativa de la entidad; magistrados y jueces del Poder Judicial estatal; integrantes de Colegios y Barras de Abogados; Notarios Públicos, así como estudiantes de escuelas y facultades de Derecho.